Por José Miguel Piquer, director científico de Inria Chile, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación, U. de Chile.

La última polémica entre el Consejo de Rectores y el Ministerio de Educación ha permitido volver a discutir un viejo tema: hay muchas universidades y el Estado asigna mucho dinero al sistema completo, ¿cómo debiera repartirse ese monto?

Aparte de todos los subsidios a los aranceles, que van directamente a los estudiantes, y los fondos concursables, que se evalúan según la calidad por comisiones independientes, existen los aportes directos (el aporte fiscal directo era el clásico) donde se incluyen los tan anunciados aportes basales, que debieran servir para financiar la operación cotidiana y de base de las universidades. Tradicionalmente, el aporte fiscal directo se asigna con una ecuación absolutamente absurda y los fondos basales hicieron lo propio. La idea es meter un montón de indicadores razonables en una juguera cualquiera que dé un porcentaje final, que permita repartir los fondos. No estoy seguro si es simplemente ineptitud o mala intención lo que hay detrás de estas jugueras, pero si quieren convencerse de que son absurdas, lean el blog de Patricio Poblete donde analiza a fondo las fórmulas utilizadas y lo ridículas que son.

El punto que quiero proponer aquí es que debiéramos modificar radicalmente la forma de distribuir estos recursos. El hecho de que estos absurdos hayan durado 30 años, sólo demuestra el descuido que ha tenido el país por su sistema universitario, al que han dejado totalmente abandonado a su suerte.

Al mirar lo que se hace en otros países, en general la idea es que las universidades son evaluadas globalmente, por comisiones amplias, que las clasifican en algunas categorías predeterminadas. Luego, el aporte fiscal directo se determina con alguna ecuación muy simple, como el número de estudiantes que la universidad recibe. Entre la categoría a la que pertenece y su número de estudiantes, el aporte queda totalmente determinado. Esa fórmula tiene, al menos, ¡el mérito de que alguien la puede explicar!

El suponer que la calidad de una universidad puede medirse con una fórmula llena de indicadores calculados es una falacia clásica de esta obsesión chilena por reemplazar el criterio por planillas Excel. Pero que esas fórmulas sean ridículas, no sé a quién se le ocurrió.

Chile nunca se había tomado en serio su sistema universitario. Solo gracias al movimiento estudiantil de 2011 estamos hoy revisando estos temas y discutiendo en público sus debilidades. Uno de estos temas es cuánto dinero debiera poner el Estado en el sistema y cómo debiera distribuirse. Al centro de la discusión están las universidades estatales: parece lógico que debieran recibir mayor aporte, pero, ¿para hacer qué?

Esta es una discusión seria y fundamental para el futuro del país: si queremos universidades estatales, debemos definir qué les vamos a pedir: ¿que hagan más investigación?, ¿que sean gratuitas?, ¿que acepten estudiantes de menores recursos?, ¿que hagan más transferencia al sector productivo? Hay muchas alternativas y esto requiere un acuerdo del Estado nacional, de toda la sociedad y tal vez el país ya se encuentre suficientemente maduro para enfrentar esta discusión. Las universidades estatales tienen algunas propuestas ya pensadas, pero necesitan alguien con quien conversar.

Lo que sí me queda claro es que tener estas universidades estatales, que deben autofinanciarse, competir con todas las otras y estar sometidas a la Contraloría General de la República, sin ningún objetivo ni directriz de parte del Estado, quien simplemente les da la espalda y les asigna fondos con una juguera infernal, es el peor de los mundos.