Por José Miguel Piquer, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación, FCFM, y senador académico de la Universidad de Chile.

En forma callada, por muchos años, un pequeño grupo de personas ha ido empujando dentro del Gobierno (y a través de muchos gobiernos) la idea de compartir el software desarrollado para el Estado entre las diversas reparticiones. La idea es simple: crear una especie de sistema de software abierto, pero en un espacio limitado al Estado. Sin embargo, su implementación y desarrollo es mucho menos simple: hay que convencer a las autoridades, convencer a las diversas reparticiones, generar una comunidad activa y motivada y, lo más difícil, generar un modelo de negocios para que las empresas desarrolladoras participen y apoyen la iniciativa.

Esporádicamente, me había tocado participar en etapas de este esfuerzo, y estuve con varios ministros apoyando la idea. Por eso, considero destacable y emocionante que el Gobierno haya finalmente creado un espacio oficial para esto, y creo que es una iniciativa digna de apoyo. Sin embargo, probablemente quede ahora lo más difícil: consolidar este espacio como algo sólido, sistemático y generador de valor para Chile.

No hay muchas iniciativas equivalentes en el mundo, ya que cada gobierno impone su propio sello. Me parece que un modelo de software compartido en el Estado es un buen camino para ir mejorando la calidad, la interoperabilidad y la libre competencia entre los proveedores de desarrollo. Y, para que funcione bien, debe proveer una buena forma de que los desarrolladores hagan buenos negocios con el Estado. Pero esto no es trivial. Si tomamos un contra-ejemplo clásico de cómo no se deben hacer las cosas, podemos ver el sistema computacional del Registro Civil. Es un monstruo de software pegados y amarrados a hardwares extraños que nadie entiende. Por años y años la empresa operadora ha seguido a cargo del sistema mientras nadie puede licitarlo de nuevo, sucediéndose un fracaso tras otro, debido a lo gigantesco del proyecto, la magnitud de las platas y la fragilidad política del sistema.

¿Cómo uno podría migrar ese sistema a Software Público? Lo primero es separarlo en varios componentes: la base de datos por un lado, las aplicaciones por otro. Y, por supuesto, las plataformas donde ejecutan por otro lado más. Me tocó asesorar al Registro Civil en los años noventa y entendí por qué no querían que fuese así: no tenían capacidad técnica-humana para hacer de contraparte de muchos proveedores. Por eso, hoy día el Registro Civil consiste en sólo dos licitaciones gigantes: identificación y pasaportes por un lado, base de datos del registro por otro. Por otro lado, a medida que pasan los años, el grupo técnico a cargo de la operación del Registro Civil no ha hecho más que degradarse y deteriorarse. En cada licitación fracasada sacan al grupo que había hecho los mayores esfuerzos por salvar el proyecto, generando una especie de selección natural en la que todas las personas buenas y comprometidas van saliendo del Servicio. Por lo tanto, la presión por mantener un sistema gigante no ha hecho más que aumentar.

Para que este esfuerzo tenga impacto real en los grandes sistemas del Estado, hay que reforzar intensivamente las plantas humanas de los grupos informáticos. El espejismo del “outsourcing” hizo creer que los sistemas “llave en mano” no requerían informáticos ni expertos en los servicios. La realidad es lo contrario: diseñar el servicio requerido, hacer de contraparte de una gran empresa y ser capaz de volver a licitarlo, requieren de gente capaz, con fuerte apoyo político y con credibilidad en el sistema público.

A pesar del enorme paso dado, sin fortalecer la capacidad tecnológica de los servicios, no podremos hacer que los grandes sistemas emblemáticos nacionales aprovechen esta gran oportunidad.